Lidl ha interpuesto una demanda judicial contra la organización activista OBA después de ser objeto de reiteradas acusaciones difamatorias. En los últimos meses, el OBA ha promovido campañas de desinformación que no solo carecen de base científica, sino que también afectan directamente el honor y la reputación de la compañía.
Estas afirmaciones o noticias falsas, han generado una percepción errónea sobre la seguridad alimentaria en el sector, induciendo los consumidores a una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad de un sector altamente regulado. Desde hace más de 30 años, Lidl mantiene un firme compromiso con la seguridad alimentaria, exigiendo los estándares más altos a todos sus proveedores para asegurar que los productos se mantienen en las mejores condiciones desde el fabricante hasta el cliente final. Para conseguirlo, la compañía realiza controles exhaustivos a lo largo de toda la cadena de suministro mediante organismos independientes y acreditados.
En esta línea, sus productos y su modelo de producción sostenible están avalados por homologaciones de calidad reconocidas a escala internacional, como el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y las certificaciones IFS Food (International Featured Standards Food) y BRC (British Retail Consortium), exigidas a sus proveedores. Además de estas revisiones minuciosas por parte de Lidl, las autoridades y los servicios sanitarios también llevan a cabo controles rigurosos a todos sus proveedores, garantizando así el cumplimiento de todos los requisitos de la legislación vigente.
Un ataque infundado contra la transparencia y el rigor científico
Las acusaciones lanzadas por la OBA han sido sistemáticamente desacreditadas por expertos independientes, y las denuncias presentadas por la misma OBA en el marco de alguna de sus campañas difamatorias fueron archivadas por la justicia, evidenciando la carencia de rigor científico en sus afirmaciones y el uso de información tergiversada, sin contrastar ni cimiento.
Para Lidl, el OBA ha utilizado esta estrategia de alarma social con el objetivo de presionar porque la compañía se adhiera al European Chicken Commitment (ECC). A pesar de que la compañía comparte los objetivos del ECC, prefiere lograrlos a través de sus propios mecanismos de control y mejora continua, teniendo en cuenta toda la cadena de valor. En este sentido, Lidl subraya que la demanda interpuesta no persigue un objetivo económico, sino la defensa de su honor y la lucha contra la desinformación. Por eso, en caso de que la justicia dicte el pago de una indemnización, la compañía destinará íntegramente estos fondos a iniciativas que promuevan proyectos sociales.
Llamamiento a la responsabilidad informativa
En los últimos años, el sector alimentario ha afrontado una creciente oleada de desinformación, caracterizada por noticias fuera de contexto, titulares alarmistas y alertas infundadas que no cuentan con el apoyo de las autoridades públicas competentes en seguridad alimentaria y nutrición en España. En este contexto, Lidl denuncia que la desinformación puede perjudicar el sector y generar confusión entre los consumidores.
Por eso, la compañía hace un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones y al rigor de las plataformas de difusión, especialmente de los medios de comunicación, que en su mayoría ya ejercen su tarea de manera profesional y ética. Con esta acción, Lidl arrecia su compromiso con la transparencia y la seguridad alimentaria, pilares fundamentales de su modelo de negocio.
Asimismo, se compromete a continuar mejorando continuamente sus procesos a través de la colaboración con laboratorios independientes y certificadoras, trabajando estrechamente con sus proveedores y promoviendo prácticas sostenibles y seguras, garantizando siempre los estándares más altos en todos sus productos.