Las pensiones en Catalunya son un tema de gran relevancia, ya que representan una de las principales fuentes de ingresos para la población jubilada. El sistema de pensiones sigue un modelo de reparto, donde los trabajadores activos contribuyen para sostener a los pensionistas actuales. Sin embargo, en los últimos años, el envejecimiento de la población y la baja natalidad han generado preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de este importante sistema.
En Catalunya, estas inquietudes se suman a debates políticos sobre la posibilidad de gestionar un modelo propio de pensiones. Como parte de las aspiraciones independentistas, aunque actualmente sigue bajo la administración estatal.
El importe medio de las pensiones en Catalunya tiende a ser ligeramente superior al promedio nacional, en parte debido a que los salarios en esta región históricamente han sido más altos. No obstante, también existen grandes desigualdades, con pensiones mínimas que apenas cubren el costo de vida, especialmente en zonas urbanas como Barcelona. Además, los pensionistas catalanes enfrentan el reto de la grave inflación, lo que provoca que muchas personas mayores vean su poder adquisitivo reducido con el paso del tiempo.
Una buena noticia para septiembre
La pensión media en Catalunya se situó en 1.308,61 euros en septiembre, un 5,14% más que el mismo mes del año pasado, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La prestación por jubilación, que han recibido 1,18 millones de catalanes, ha subido hasta los 1.477,53 euros, por encima de la media del Estado (1.445,75 euros).
Los datos publicados también detallan que la pensión por incapacidad permanente ha ascendido a 1.280,84 euros en Catalunya; la de viudedad hasta los 914 euros; la de orfandad hasta los 497,15 euros y la de favor de familiares en 818,92 euros. En el conjunto del Estado durante septiembre se han abonado más de 10,2 millones de pensiones (12.855,2 millones de euros) y han beneficiado a 9,25 millones de personas.
El gobierno español resaltó que en septiembre un 28,6% de las nuevas altas fueron de jubilaciones anticipadas, mientras que antes de la reforma de 2021 representaban el 40%. Por su parte, las jubilaciones posteriores a la edad legal de jubilación, que son voluntarias, han supuesto casi el 10% de las nuevas altas.
Los posibles problemas en el futuro
El sistema de pensiones enfrenta varios desafíos estructurales que podrían poner en riesgo su sostenibilidad en el futuro. Uno de los problemas principales es el envejecimiento de la población, con una proporción cada vez mayor de personas jubiladas frente a una base de trabajadores activos en disminución.
La baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen que cada vez haya más personas que reciben pensiones por periodos más largos, mientras que la cantidad de cotizantes disminuye. Este desequilibrio demográfico genera una presión creciente sobre el sistema, que se basa en el modelo de reparto, en el cual los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados.
Otro gran reto es el impacto de la precariedad laboral y los cambios en el mercado de trabajo. El aumento de empleos temporales, con salarios bajos y menos cotizaciones a la seguridad social, afecta la capacidad de generar suficientes ingresos para sostener las pensiones. Además, la automatización y la digitalización podrían reducir la cantidad de trabajos disponibles en ciertos sectores, disminuyendo aún más las cotizaciones.