En los últimos años, la economía europea ha mostrado signos claros de transformación demográfica y laboral. En España, la pirámide poblacional se ha invertido de manera preocupante: cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes incorporándose al mercado de trabajo.
Este fenómeno, que ya ha generado titulares en organismos internacionales como la OCDE, está poniendo en jaque no solo la viabilidad de los sistemas de pensiones, sino también la confianza de las nuevas generaciones en el propio modelo de protección social. En paralelo, el desempleo juvenil y la prolongación de la etapa formativa se han consolidado como una constante en el país, alejando a los jóvenes de la cotización continuada que el sistema necesita para sobrevivir.
Frente a este contexto, la inflación y los costes energéticos han sumado presión a las familias, dificultando aún más la emancipación y la estabilidad financiera de los menores de 30 años. El encarecimiento de la vida ha provocado un retraso generalizado en la incorporación laboral y, con ello, en el inicio de las aportaciones al sistema público de pensiones. Mientras en países como Alemania o los nórdicos se exploran fórmulas mixtas para complementar las pensiones públicas, en España el debate sigue abierto y el reloj demográfico avanza sin pausa.
Un futuro de pensiones comprometido: el diagnóstico de los expertos
El economista Xavier Sala-i-Martin ha puesto sobre la mesa un aviso que no puede ser ignorado: los jóvenes españoles de hoy podrían verse obligados a trabajar hasta los 71 años para alcanzar una pensión digna. Esta advertencia se sustenta en los datos del reciente estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que estima que los menores de 30 años llegarán a 2065 con apenas 30 años cotizados, insuficientes para garantizar una jubilación estable.
Sala-i-Martin señala la paradoja de un mercado laboral en el que la incorporación se retrasa por la prolongación de la etapa educativa y donde la tasa de paro sigue siendo de las más elevadas de Europa. “La sostenibilidad del sistema de pensiones nos debe preocupar, porque hay pocos jóvenes y mucha gente mayor.
Los números no cuadran y, si no se toman medidas estructurales, el sacrificio recaerá en la generación que menos culpa tiene”, afirma el catedrático. En la práctica, esto significa que los jóvenes no solo deberán trabajar más años, sino también afrontar cotizaciones más elevadas para sostener un sistema que, a medio plazo, podría no ofrecer las mismas garantías que en el pasado.
Políticas y alternativas en un contexto europeo divergente
La realidad española contrasta con la de otros países europeos, donde las edades legales de jubilación suelen ser más bajas y los sistemas de pensiones están menos tensionados por el desequilibrio demográfico. Mientras que en Francia, Eslovaquia o Noruega la jubilación puede producirse a los 62 años, en España la edad legal se sitúa ya en los 66 años y 8 meses y alcanzará los 67 en 2027. Esta diferencia responde a factores políticos, sociales y tecnológicos, pero también a una tasa de desempleo estructuralmente alta y a la falta de una política europea de Seguridad Social común.
Entre las soluciones debatidas, Sala-i-Martin considera el aumento de la inmigración como medida paliativa. Sin embargo, advierte de sus limitaciones: “Los inmigrantes también aspirarán a una pensión cuando les corresponda, por lo que la solución no puede ser exclusivamente demográfica”.
El reto de fondo exige reformas estructurales, mayor flexibilidad laboral y un impulso decidido a la productividad y el empleo juvenil, cuestiones que hasta ahora no han recibido una respuesta clara por parte de los poderes públicos.
El reto generacional: ¿qué deben esperar los jóvenes?
La cuestión de las pensiones en España trasciende el ámbito económico y se convierte en un desafío intergeneracional. Los jóvenes actuales no solo tendrán que planificar una carrera laboral más larga y menos lineal, sino que también deberán adaptarse a un entorno donde la seguridad futura dependerá cada vez más del ahorro privado, la formación continua y la diversificación de ingresos.
El debate ya no es solo técnico, sino ético y político: ¿puede una sociedad pedir el mayor sacrificio a quienes menos han disfrutado de los beneficios del sistema?
La necesidad de consensos y reformas profundas es cada vez más urgente. El futuro de las pensiones y la equidad generacional dependen, en última instancia, de la capacidad colectiva para enfrentar estos desafíos con honestidad, innovación y realismo.