El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y el resto de dirigentes del partido autonomista se colgaban ayer todas las medallas cuando explicaron que habían conseguido un pacto con Pedro Sánchez por el que el Estado condonaba a Catalunya el 20% de la deuda del FLA. Pronto vimos que el anuncio tenía trama y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecía ante los medios de comunicación para explicar que la medida se aplicaría a todas las comunidades autónomas para evitar "agravios comparativos".
La condonación de esta deuda, por tanto, se aplicaría a todas las comunidades autónomas del régimen común. Es decir, todas menos País Vasco y Navarra. No se aplicaría solo a Catalunya para compensar el expolio fiscal que está sufriendo y el elevado déficit fiscal que padece este territorio año tras año. Por lo que el efecto práctico es el mismo.
Así lo explicaba el economista Xavier Sala-i-Martin en un extenso hilo de Twitter. El profesor de la universidad de Harvard contestaba con dureza a Gabriel Rufián y le daba lecciones de economía. No son los ciudadanos quienes se ahorran el dinero. Es la Generalitat. Si la deuda la asume el Estado (porque la "perdona" a la Generalitat), el Estado la va a repercutir a los ciudadanos de otra forma.
El profesor no ha finalizado su intervención con el primer mensaje y ha realizado una extensa explicación para que a Gabriel Rufián le quede claro.
Reacciones al acuerdo entre ERC y Estado
Las Comunidades Autónomas del Partido Popular, especialmente la Comunidad de Madrid, con Isabel Diaz Ayuso a la cabeza, han criticado la medida y lo han considerado una cesión a los "separatistas". Aunque les beneficia la medida (no a los ciudadanos como explica Sala-i-Martin, pero si a ellos como administración), la rechazan por cuestiones políticas.
El FLA, un invento del Estado en época de crisis
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es un mecanismo extraordinario de financiación creado por el Gobierno de España en 2012, en plena crisis financiera, para garantizar que las comunidades autónomas pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago. Se diseñó como una solución para evitar el colapso de las administraciones autonómicas, que en ese momento tenían un acceso muy limitado a los mercados de deuda debido a la desconfianza de los inversores y el alto coste de la financiación.
Este fondo fue gestionado por el Tesoro Público y se financió mediante la emisión de deuda pública por parte del Estado.