Un trabajador contratado a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) tiene derecho a la misma indemnización por accidente laboral que el de un trabajador contratado directamente por la empresa, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A petición de un tribunal del País Vasco, el TJUE se ha pronunciado este jueves sobre la interpretación que realizaba el Tribunal Supremo español con respecto a esta compensación inferior para los trabajadores de ETT en caso de incapacidad total por un accidente laboral.
En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo ha concluido que es contraria a la directiva europea sobre ETT porque prima "el principio de igualdad" entre los trabajadores. Por tanto, los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal deben disfrutar durante su tiempo en la empresa usuaria de condiciones “esenciales de trabajo” al menos “iguales” a las que corresponderían a un empleado contratado directamente por la empresa para ocupar el mismo puesto de trabajo.
Funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una institución clave en el sistema jurídico de la UE, con la función primordial de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados de la Unión Europea. Establecido en 1952 y con sede en Luxemburgo, el TJUE asegura que la legislación de la UE se interprete y aplique de manera uniforme en todos los países miembros, y soluciona los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
El TJUE está compuesto por dos órganos principales:
- El Tribunal de Justicia: Con un juez de cada país miembro y varios abogados generales, se encarga principalmente de las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.
- El Tribunal General: Con al menos un juez por cada Estado miembro, se ocupa de los recursos de anulación interpuestos por particulares, empresas y, en ocasiones, por gobiernos nacionales.
Las funciones del TJUE son diversas y vitales para el funcionamiento de la Unión Europea:
Interpretación de la legislación: Mediante decisiones prejudiciales, el TJUE clarifica el derecho de la UE a solicitud de tribunales nacionales en caso de dudas sobre la interpretación o validez de una ley de la UE.
Aplicación de la legislación: A través de procedimientos de infracción, el TJUE puede sancionar a los Estados miembros que no cumplan con la legislación de la UE.
Anulación de actos jurídicos de la UE: En los recursos de anulación, se puede solicitar al TJUE que invalide actos jurídicos de la UE que se consideren contrarios a los tratados o a los derechos fundamentales.
Garantizar que la UE actúe: En los recursos por omisión, el Tribunal puede ser solicitado para actuar cuando las instituciones de la UE no toman decisiones obligatorias.
Sancionar a las instituciones europeas: En acciones por daños y perjuicios, cualquier persona o empresa perjudicada por la UE o su personal puede buscar compensación.
Los procedimientos en el TJUE incluyen una fase escrita, donde las partes y otros interesados presentan alegaciones escritas, y una fase oral, que es una vista pública donde los abogados presentan argumentos y responden a preguntas de los jueces y el abogado general.
Los ciudadanos de la UE pueden interactuar con el TJUE de diferentes maneras. Los particulares, empresas y organizaciones pueden acudir al Tribunal si consideran que sus derechos bajo la legislación de la UE han sido vulnerados por alguna institución de la UE. Esto se puede hacer indirectamente a través de los tribunales nacionales, que pueden remitir el caso al TJUE, o directamente al Tribunal General si se ven afectados directamente por una decisión de una institución de la UE.
El TJUE ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la integración europea, estableciendo principios importantes como la aplicación directa del Derecho de la UE en los tribunales nacionales y la primacía del Derecho de la UE sobre las leyes nacionales, incluso sobre los derechos fundamentales garantizados por las constituciones nacionales.