200 inmigrantes llegarán este lunes a Tossa de Mar (Selva) procedentes de Canarias. Son demandantes de asilo, todos ellos mayores de edad, y se alojarán en un hotel del municipio, según ha publicado SER Catalunya y ha confirmado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) el alcalde de Tossa, Martí Pujals. El alcalde considera "excesivo" el número de hombres y mujeres que llegarán y criticó que, además, lo hagan en "plena temporada" turística.
"Eso mismo en octubre no hubiera planteado la problemática que plantea ahora", ha dicho en declaraciones al ACN. También ha asegurado que 200 personas es la misma cifra que acogió el pasado año Blanes, con "ocho veces la población de Tossa". "Si a Blanes llevaron 200, a Tossa deberían llevar 40 para ser algo equitativo", ha valorado.
Según explicó, el gobierno español les comunicó la llegada de este contingente a través de una llamada del delegado a Catalunya, Carlos Prieto, quien les anunció que se alojarían en un establecimiento del municipio. La intención es que estén un mes mientras se analiza su caso y se realizan las reagrupaciones familiares que corresponda.
La decisión ha provocado un enorme revuelo en redes, con comentarios de todo tipo. La mayoría dando apoyo a las palabras del Alcalde de Tossa de Mar.
Unos planes impuestos por el Gobierno de España
El Gobierno español, bajo la Presidencia de Pedro Sánchez, ha implementado un plan para la distribución de inmigrantes en la península con el objetivo de aliviar la presión en las Islas Canarias y Ceuta, que han experimentado un aumento significativo en las llegadas de inmigrantes en los últimos meses. Este incremento, que se ha visto agravado por la inestabilidad en algunas regiones de África, ha llevado a la sobreocupación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), como el de Ceuta, que está operando por encima de su capacidad.
Para gestionar esta situación, el Gobierno ha comenzado a trasladar a los inmigrantes a diferentes comunidades autónomas en la península. Sin embargo, la medida ha generado controversia, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que critican la falta de consulta y coordinación con las administraciones regionales antes de implementar estos traslados. Esta misma descoordinación ocurre con los Ayuntamientos, a los que simplemente se informa con poca antelación sin proporcionarles recursos ni económicos ni logísticos.